Después de escuchar las declaraciones de Gonzalo Moliner sobre la indemnización a la que, según él y la ley, tiene derecho el señor Dívar, uno se queda perplejo y no puede dejar de pensar que el presidente del CGPJ debe de referirse a la Ley del embudo.

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La ciudadanía, después de asistir estupefacta a las cuentas del Gran Capitán presentadas por el señor Dívar y al rechazo de la querella por parte del Tribunal Supremo “por no encontrar indicios suficientes de delito”  para investigarle, no tiene más remedio que ir a clase de recuperación de matemáticas para entender que a la hora de gastar dinero público, todo vale para los altos cargos del estado y que 28000 euros sólo son “pecata minuta”.

Dívar gastó hasta 2.357 euros en uno solo de los 32 viajes de fin de semana

La cosa debe de estar en la semántica, clavo ardiente a la que la jerga legal se encomienda para dejarnos con la sensación de que se nos ha tomado el pelo.  En castellano, el término indemnización ha de aplicarse a situaciones incompatibles con la dimisión que, según tenemos entendido fue el acto que realizó el viajero señor Dívar. Una de dos, o se equivoca el castellano, o como no estamos acostumbrados a que los cargos dimitan, no nos queda otra que premiar sus servicios prestados con más de 200.000 euros de nada, calderilla, vamos.

Va a ser eso, o que todo aquel que tiene que relaciones con el poder, sea cual sea éste, blinda sus contratos. Al fin y a la postre no pagan ellos, pagamos los ciudadanos con nuestro sudor, nuestra sangre y nuestra indignación.

Me da que la sempiterna costumbre de mirar hacia otro lado, por mucho que los chuzos de punta que caen aconsejen otra cosa, convierte en costumbre que las ramas de los árboles no dejen ver el bosque.

En este sentido, Antonio Burgos lo tiene muy claro en su artículo:

1 dívar = 12.996 euros

La ley a la que se refiere el señor, perdón, su señoría Moliner, debe de ser la misma que permite a presidentes de gobierno incapaces e inútiles arremeter contra los derechos salariales de los ciudadanos, más concretamente contra los de los trabajadores públicos, aumentar de forma unilateral su jornada laboral, rebajar impunemente porcentaje tras porcentaje sus nóminas, subirles el IRPF, pese a la sustanciosa merma de ingresos y arremeter contra carreras y desarrollos profesionales, privando de derechos que se creían consolidados, valga la redundancia, en un estado de derecho. Y todo esto, para qué. Pues, parece que para recaudar las treinta monedas de plata con las que pagar indemnizaciones, que para su señoría serán legales, pero que para el conjunto de los ciudadanos resultan injustas, vejatorias e indignantes.

 

No hay duda, su señoría se refiere a la LEY DEL EMBUDO.